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  • marcoarana3

El Congreso que fue tomado por mafias políticas financiadas por empresas corruptoras, nunca más


Fotografía: elespanol.com

La votación de los magistrados Marianella Ledesma, Carlos Ramos, Manuel Miranda, Eloy Espinosa-Saldaña, que declara infundada la demanda competencial presentada por el presidente de la Comisión Permanente Pedro Olaechea, reafirma que la disolución del Congreso se hizo de acuerdo a la Constitución y que la democracia ha sido salvaguardada.


Es necesario recordar que el Parlamento fue disuelto por el obstruccionismo político, por el entorpecimiento del sistema de justicia y por amenazar la lucha contra la corrupción, porque la exmayoría congresal venía blindando al cuestionado ex fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, a otros fiscales supremos y a los legisladores acusados de presuntos actos de corrupción. Además, desnaturalizaron las normas constitucionales cuando, rechazaron, en los hechos, la cuestión de confianza.


En el país, la institucionalidad democrática tiene que ser fortalecida y se espera que el nuevo Congreso desarrolle legislativamente la figura de la cuestión de confianza y el funcionamiento de la Comisión Permanente en el interregno parlamentario para evitar que en un futuro sea utilizada de manera discrecional.


Finalmente, el nuevo Congreso tendrá la tarea de precisar funciones, no solo sobre la disolución del Parlamento sino también sobre las responsabilidades, puesto que no es lo mismo una disolución de un gobierno dictatorial o un golpe de Estado de la que se libró, en 1992. Lo que no debe repetirse es que fuerzas políticas vinculadas a poderosos intereses corruptores conduzcan las riendas del país. Asimismo, tampoco debe repetirse la arbitrariedad ni los negociados dentro del Congreso para beneficio personal o de un grupo de políticos. Corresponde a todos y todas comprometerse para impulsar una reforma política que garantice derechos, esa es la mayor reforma política que necesitamos en el país.


Lima, 14 de enero de 2020.

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