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  • marcoarana3

En Comisión de Constitución frustan aprobación de dictamen que regula los estados de excepción


Movilización contra el Proyecto Conga de Minera Yanacocha, noviembre 2011. Foto: Internet

Ayer, la Comisión de Constitución y Reglamento debatió el predictamen recaído en el Proyecto de ley 3041/2017-CR, de mi autoría. La referida norma plantea la incorporación del artículo 91-A al Reglamento del Congreso de la República, a fin de que se regule el procedimiento de control político parlamentario sobre los decretos supremos que declaran o prorrogan los estados de excepción. Cabe recordar que, en el Perú, los estados de excepción (Estado de Emergencia) vienen siendo utilizados sin cumplir lo dispuesto en el artículo 137° de la Constitución Política del Perú.


La iniciativa legislativa que presenté responde a la necesidad de que el Congreso fortalezca la institucionalidad democrática en el país, en aras del respeto de derechos fundamentales de la ciudadanía, ya que no es posible que en los últimos años el Ejecutivo haya abusado de la declaración de los Estados de emergencia sin un adecuado control por la representación nacional.


Es preciso señalar, que el artículo 137° señala que el Presidente de la República, con acuerdo del Consejo de Ministros, puede decretar estados de excepción, en un plazo determinado, en todo el territorio nacional o en parte del mismo, dando cuenta al Congreso de la República o a la Comisión Permanente. Sin embargo, desde hace 25 años que está vigente el texto constitucional no ha existido en el Congreso un mecanismo que permita el procedimiento de control parlamentario ante dichas declaratorias de excepción.


Cabe indicar que, de acuerdo a la información brindada por la Defensoría del Pueblo, desde el año 2015 al 2018, sólo en la región sur, se declararon siete estados de emergencia, los cuales en su mayoría carecen de sustento y han sido desproporcionados. Sin embargo, el Congreso, no tuvo la capacidad de evaluarlos constitucionalmente y sólo cumplió con un rol de tramitador, más no de fiscalizador.


Durante el debate de ayer en la Comisión de Constitución y Reglamento, fue evidente el rechazo que hubo ante esta iniciativa de parte de los voceros apristas, liberales y social demócrata quienes, siguiendo los dictados gubernamentales, coinciden cuando se trata de restringir las libertades democráticas y la protesta social. Es por eso que el Proyecto de Resolución Legislativa ingresó a un cuarto intermedio, a fin de que el mismo sea revisado, con mayor detenimiento.


Nuestro Estado de Derecho no se puede fundar en medidas excepcionales que pretenden excusarse en normas constitucionales, vulnerando derechos fundamentales de la ciudadanía y que, en algunos casos, lleva a la criminalización de la protesta. Como representante de la ciudadanía, reafirmo mi compromiso con el irrestricto respeto por la defensa de los derechos humanos, los legítimos reclamos y el fortalecimiento de la institucionalidad democrática.


Lima, 3 de abril de 2019.

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