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  • marcoarana3

Informe recomienda al nuevo Congreso que DU no destrabe obras públicas paralizadas por corrupción


El Informe del Grupo de Trabajo que presido para el destrabe de 867 obras públicas paralizadas a nivel nacional fue aprobado por UNINAMIDAD con el respaldo de las diversas fuerzas políticas que integran el equipo de trabajo.


La votación se produjo tras la sustentación del informe que realicé esta mañana en la sesión y que contó con la participación de los miembros de la Comisión Permanente, Karina Beteta, Clemente Flores, Gilbert Violeta y Edmundo del Águila. Asimismo, durante la sesión se recogieron aportes y sugerencias, que serán incorporados en el documento, que no alteran el contenido de fondo.


Entre las conclusiones que resaltan en el informe está relacionado con el artículo 5 que, en el párrafo 5.1 establece la posibilidad de que el informe situacional sea realizado por un tercero contratado fuera del ámbito del T.Ú.O. de la Ley de Contrataciones del Estado; por lo que, dada la importancia del documento y la existencia de bases estandarizadas para esta contratación, es necesario que el DU sea precisado en el sentido que los terceros que se contraten no se encuentren incursos en los impedimentos que se encuentran previstos en el artículo 11 del T.Ú.O. de la Ley de Contrataciones del Estado.


Asimismo, el grupo que estuvo bajo mi dirección planteó una serie de recomendaciones, entre las más relevantes, sugiere al nuevo Congreso aprobar una Ley que regule la ejecución de obras por administración directa.


También recomienda se dictamine el PL N° 3928/2028-GC, Ley que fortalece el control gubernamental en los proyectos de inversión ejecutados bajo la modalidad de obras por impuesto, presentado por la Contraloría General de la República, el 22 de febrero de 2019, que permite a la Contraloría realizar el control concurrente a las inversiones ejecutadas por la modalidad de obras por impuestos, ya que la normativa solo ha previsto el control previo que no es vinculante y el control posterior es sobre aspectos limitados, como el monto aprobado por las entidades para la ejecución de estos proyectos. La necesidad de esta norma surge a partir del incremento de las inversiones bajo esta modalidad, que según cifras de la Contraloría al año 2017 ascendía a 981 millones de soles.


Como se recuerda, a la sesión del grupo de trabajo acudieron el Contralor General de la República, Nelson Shack, funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas, representantes de la presidencia Ejecutiva del Organismo Nacional de Gobiernos Nacionales (OSCE) y de la Asociación de Municipalidades del Perú (AMPE). Lamentablemente, el presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, Mesías Guevara, no asistió ni envió a un representante puesto que el DU involucra obras públicas paralizadas a nivel nacional.


Finalmente, el Informe estaría listo para inicios de la próxima semana para ser enviado a la Comisión Permanente, con el propósito que sea incorporado en la agenda, para ser debatido y aprobado en la siguiente sesión.


Lima, 9 de enero de 2020.

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